EL INFORME DEL CIDH SOBRE MEDIDAS DIRIGIDAS A REDUCIR EL USO DE LA PRISION PREVENTIVA DEL 7 DE SETIEMBRE 2017

 

El 7 de setiembre 2017 el CIDH presentó un  informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva , así como una guía práctica para reducir la prisión preventiva tomando en cuenta el informe sobre el uso de la prisión preventiva del año 2013 y los informes temáticos de la CIDH, urgiendo a los  Estados de la región a garantizar que la prisión preventiva sea de carácter excepcional y se encuentre limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad.

 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva. pdf

El informe empieza como la premisa :  La aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región y que el uso  no excepcional de esta medida es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad.

Asimismo, la Comisión reconoce y valora los importantes esfuerzos realizados por los Estados para reducir el uso de la prisión preventiva, pero que su  utilización sigue siendo general y excesiva. Tal es así que en la  región, el promedio de personas en prisión preventiva es 36.3% del total de la población penitenciaria, superando el 60% en algunos países y que las  medidas necesarias para reducir el uso abusivo de la prisión preventiva y responder a la crisis penitenciaria son conocidas, y hasta cierto punto, ya probadas.

Sin embargo, la CIDH sigue mostrando su  preocupación por la falta generalizada de voluntad política por parte de los Estados para hacer efectiva la implementación de dichas medidas y urge a los Estados a realizar las acciones necesarias para que la prisión preventiva se utilice de conformidad con su naturaleza excepcional, reduciendo así los altos niveles de hacinamiento que caracterizan la región.

El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia y representa una práctica contraria a la esencia misma del estado de derecho y a los valores que inspiran a una sociedad democrática. Son muchas e importantes las ventajas de aplicar medidas alternativas para racionalizar el uso de la prisión preventiva y ajustar su uso a los estándares interamericanos e internacionales. Cuando se utilizan medidas alternativas, se evita la desintegración familiar y la estigmatización de la comunidad, se disminuyen las tasas de reincidencia y se utilizan de manera más eficiente los recursos públicos ( Comisionado James Cavallaro, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad)

Los obstáculos para reducir el uso excesivo de la prisión preventiva

Existen numerosos obstáculos para reducir el uso de la prisión preventiva.

Por ejemplo, a las autoridades judiciales que aplican medidas alternativas se les sanciona disciplinariamente, como medio de presión o castigo, se  suma a esto una inadecuada defensa pública y la falta de coordinación interinstitucional entre actores del sistema de administración de justicia, existe  una tendencia en la región a proponer mayores niveles de encarcelamiento como respuesta a la inseguridad ciudadana.

Esto resulta en la adopción de leyes y prácticas que privilegian la aplicación de la prisión preventiva y que restringen la posibilidad de aplicación de medidas alternativas.

En los discursos de altas autoridades prevalecen las propuestas de aplicar políticas llamadas “de mano dura”, que se enfocan en la privación de libertad como respuesta a la inseguridad ciudadana, y consecuentemente privilegian la aplicación de la prisión preventiva. Ello, a su vez, genera presión de los medios de comunicación y de la opinión pública para aplicar este tipo de políticas.

“La inseguridad ciudadana es un grave problema en la región y la población tiene derecho a exigir que se tomen medidas para resolverla. Sin embargo, está demostrado que las políticas de mano dura no solamente son violatorias de los derechos humanos de las personas, sino que además resultan ineficaces para garantizar la seguridad ciudadana,  dijo el Presidente de la CIDH, Comisionado Francisco Eguiguren. Una de las consecuencias más graves y preocupantes es que su aplicación ha llevado a un aumento sin precedentes de la cantidad de personas que están en prisión preventiva, sin sentencia, agravando el hacinamiento carcelario.

La CIDH reconoce las buenas prácticas adoptadas por los estados de la región 

Como la reducción de los plazos de la prisión preventiva, la creación de programas especiales para el monitoreo electrónico de seguimiento y el establecimiento de servicios para verificar riesgos procesales y supervisar medidas cautelares. 

Asimismo, valora los esfuerzos relativos a la implementación de programas de justicia restaurativa, revisiones periódicas de casos en prisión preventiva, realización de audiencias en las cárceles y celebración de audiencias previas sobre la determinación de la prisión preventiva, a fin de evitar privaciones de libertad innecesarias.

 La Comisión insta a los Estados de la región a seguir avanzando en la aplicación de este tipo de medidas. Por medio de este informe, la Comisión Interamericana ofrece recomendaciones específicas a fin de que los Estados corrijan la excesiva aplicación de la prisión preventiva, en especial a través de la utilización de medidas alternativas. La CIDH urge a los Estados de la región a garantizar que la prisión preventiva sea de carácter excepcional y se encuentre limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Además, para hacer efectivas las recomendaciones del informe, la CIDH urge a los Estados a involucrar a la sociedad civil, y a las mismas  personas destinatarias de dichas políticas estatales, a fin de asegurar que el diseño y la implementación de las políticas dirigidas al uso racional de la prisión preventiva resulten integrales, participativos e inclusivos.

Este informe se acompaña de una Guía Práctica para Reducir la Prisión Preventiva, dirigida a las autoridades encargadas de atender los desafíos inherentes a la reducción del uso excesivo de la prisión preventiva.