En Julio, Benedicto Jiménez, Abogado, coronel en retiro de la Policía Nacional, ex director del Semanario y la radio por Internet “Juez Justo”, medio de comunicación que luchaba contra la injusticia y el abuso de poder, demandó al estado peruano por vulneración a sus derechos humanos, entre los que esta la integridad personal (por ser recluido en un penal de máxima seguridad siendo un procesado primario, clasificado en la etapa “A” del Régimen Cerrado Especial destinado para internos de “más difícil readaptación”- delincuentes peligrosos, reincidentes y habituales – y no ha tomado en la clasificación su edad – adulto mayor – y salud – problemas cardiacos-).
La CIDH, con motivo de la demanda viene monitoreando el estado de salud y las condiciones solicitando periódicamente informes detallados, porque al nivel de los organismos de derechos humanos observan con preocupación cómo se vulneran los derechos humanos de los peruanos en cuanto a los procesados primarios (sin antecedentes penales) que son enviados a cárceles de máxima seguridad con una medida cautelar (prisión preventiva) que se ha convertido en una pena anticipada y cuando llegan a estos penales los clasifican en etapas del Régimen Cerrado Especial restringiendo sus derechos como 2 horas de patio, visitas de 3 familiares, incomunicados, sin teléfono público y sin acceso a los medios de comunicación.
Jiménez ha tenido que acudir a la CIDH porque ni la Defensoría del Pueblo, un entere fantasmal, le interesa esta situación anómala de los procesados primarios que son tratados como sentenciados y enviados a cárceles de máxima seguridad.
DIC 2015
GERARD INGENIEROS
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